“La corrupción navega sobre el
inconsciente colectivo”
Santos Galarza (1999)
Como enunciara Santos Galarza (1999) “la corrupción es la epidemia de fin de siglo” y propone una de las definiciones más completas acerca de la corrupción, que presenta como un sistema de comportamiento de una red en la que participan un agente (individual o social) con intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de funcionarios públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden también ser actor ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios económicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común.
Según Voglewede & Asociados, existen varias actividades vinculadas a la corrupción a nivel de todo tipo de organización, que se concentran en cuatro grupos principales:
La
corrupción en referencia al abuso de poder o mala conducta, abarca lo
correspondiente a la corrupción empresarial, corrupción policial y corrupción
política, generando un problema social que contrapone los intereses entre los
colectivos sociales y sus dirigentes, con los valores democráticos sólidos y la
falta de ética sobre todo en los niveles jerárquicos altos. Ante este tipo de
abuso de poder, las consecuencias negativas al no combatirse son: favorece la
reproducción de las burocracias, limita la credibilidad de los gobiernos,
reduce los recursos para el trabajo honesto y naturaliza estos hechos, que
perjudican sobremanera a quienes con su dinero o con su apoyo legitiman la
corrupción.
Las organizaciones con baja incidencia de prácticas corruptas, no son las que tienen reglas estrictas o grandes inversiones en sistemas y controles, sino aquellas que tienen alineados a los 3 impulsores fundamentales de la integridad organizacional:
1) Liderazgo fuerte y participativo
2) Arquitectura Moral sana e
Ingeniería Ética
3) Capital Humano Comprometido
En el
Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción se deja
constancia sobre el convencimiento de los Estados Miembros de la OEA, que la
corrupción socava
la legitimidad de las instituciones públicas,
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo
integral de los pueblos
y que están
persuadidos de que
el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita
distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la
moral social
(Ley Aprobatoria de la Convención
Interamericana contra la Corrupción,
G.O. No. 36.211 del 22 de mayo de 1997).
La
organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional (Transparency
International – TI), dedicada a mejorar la responsabilidad de los gobiernos y
de la empresa privada, y a controlar la Corrupción tanto nacional como
internacional, elabora desde 1995 el llamado Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC), con base a consideración de elementos relacionados con el
funcionamiento de la Administración Pública en los países del mundo. En 1999
añadió un nuevo índice, el Índice de Percepción de los Sobornadores, que
clasifica a
los diecinueve principales países exportadores en lo referente al grado en que
se percibe que sus empresas pagan sobornos en el extranjero (Nelson, 2002: 199-200).
En el
IPC de 2003, destacan Finlandia, Islandia, Dinamarca y Nueva Zelanda, como los
países más limpios
o transparentes
del planeta; y por el contrario, Bangladesh, Nigeria y Haití, como los más corruptos.
No parece ser mera casualidad, que los países indicados entre los más corruptos (Bangladesh, Nigeria y Haití) presentaron para 2001 índice de desarrollo humano bajo, y los países más limpios y transparentes (Finlandia, Islandia, Dinamarca y Nueva Zelanda) índice de desarrollo humano alto, conforme los Indicadores del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Lo anterior nos lleva a establecer, que la frecuencia de la Corrupción en un país determinado, define su desarrollo humano, el cual no necesariamente se asocia con un mayor Producto Interno Bruto (PIB), sino con una mayor tasa de alfabetización de adultos e índice de escolaridad, que igualmente determinan valores personales orientados a preservar la ética pública y la moral administrativa, y así garantizar el bienestar colectivo.
Y es
que en definitiva la Corrupción atenta contra los derechos humanos, porque
generalmente incide sobre una inefectiva separación de poderes, pudiendo tales
derechos ser derogados de
facto, aunque sean garantizados formalmente en la Constitución (Fleiner, 1999). Y esto es
muy importante considerarlo, ya que los derechos humanos son indicadores del
progreso social (Frosini, 1997).
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La
ética cultiva valores, es decir virtudes, como honestidad, justicia, igualdad,
respeto a la dignidad humana, sinceridad, fortaleza moral, solidaridad,
responsabilidad, iniciativa y espíritu de trabajo, valores todos ellos que
contribuyen al desarrollo y perfección del individuo y de la sociedad.
La
corrupción se manifiesta por la práctica de antivalores como deshonestidad,
injusticia, discriminación, irrespeto a la dignidad humana, hipocresía,
cobardía moral, indecencia, egoísmo individualista, irresponsabilidad, defectos
todos ellos que degradan al ser humano y obstaculizan el desarrollo económico y
social de la nación.
Los valores éticos, como los antivalores de la corrupción, son rasgos de carácter que se manifiestan en el hogar, en el trabajo y en la vida social. La familia es la base fundamental en la formación del carácter y así como los valores, los antivalores, se aprenden en los primeros años de la vida, tomando principalmente como modelo el ejemplo personal de los padres.
La
percepción de la corrupción por parte de la sociedad ha venido creciendo en los
últimos años y se la identifica con la impunidad, la falta de justicia, y la
traición al mandato popular.
La
corrupción es un problema ético que se presenta a nivel global y en todos los
estamentos de la sociedad, llegando al punto de la indiferencia. Arturo Uslar
Pietri, declaraba: nadie
duda de que existe la corrupción, pero no tenemos el valor de sancionarla. Y no
tenemos el valor porque todos somos parte de esa tolerancia (Centro Gumilla, 1982).
[1] Apartes
seleccionados del artículo de Francisco Javier Marín Boscán (2004): La corrupción: ¿Un problema de sociedad y/o
político?
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